KENIA | Declaradas inconstitucionales varias disposiciones de la polémica Ley de Seguridad

26.02.2015 20:09

 

Reporteros Sin Fronteras celebra la decisión del Tribunal Supremo de Kenia, que esta semana declaró inconstitucionales ocho disposiciones de la polémica Enmienda a Ley de Seguridad. Dos de ellas limitan la libertad de expresión y la libertad de prensa.

 

"Celebramos esta sentencia del Tribunal Supremo de Kenia, una señal alentadora para el estado de derecho y la protección de las libertades fundamentales del pueblo keniata, incluida la libertad de información", dijo Cléa Kahn-Sriber, responsable para África de Reporteros Sin Fronteras.

 

"No obstante, seguimos teniendo reservas sobre algunas de las demás disposiciones draconianas de la ley. La seguridad del pueblo de Kenia no debe ser protegida a expensas de los derechos civiles".

 

Tan pronto como se aprobó la enmienda y se convirtió en ley en diciembre pasado, una coalición de la oposición asociada con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya presentó una petición ante el alto tribunal desafiando muchas de sus disposiciones por considerar que violan la libertad de expresión, libertad de prensa y otras libertades civiles.

 

En su fallo, emitido el 23 de febrero, el tribunal revocó la Sección 12 de la ley por "violar la libertad de expresión y los medios de comunicación garantizados en los artículos 33 y 34 de la Constitución".

 

Dicha sección penalizaba las coberturas mediáticas "susceptibles de causar alarma pública, incitar a la violencia, o perturbar la paz pública", o que "socaven las investigaciones o las operaciones de seguridad por parte del Servicio Nacional de Policía o las Fuerzas de Defensa de Kenia". La pena máxima para los infractores es de tres años de prisión y/o una multa de 5 millones de chelines (55.000 dólares).

 

Otra disposición que se cae es la Sección 48, que impone cuotas de refugiados y que amenaza la situación de los periodistas refugiados en Kenia, especialmente de Etiopía y Somalia. El argumento es que viola el derecho de asilo consagrado en la Convención de 1951 de la ONU sobre el Estatuto de Los refugiados, ratificado por Kenia.

 

El gobierno ya ha dicho que tiene intención de apelar contra el Supremo y que, a la espera del resultado de dicho recurso, todas las secciones de la ley siguen en vigor.

 

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