JAPÓN | Preocupación por el deterioro de la libertad de prensa

12.04.2016 16:30
Reporteros Sin Fronteras ha evaluado la actual situación de la libertad de prensa y de información en Japón con motivo de la visita esta semana al país de David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos de Opinión y Expresión.
 
RSF quiere llamar la atención del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación que atraviesa Japón desde la llegada al poder del Primer Ministro Shinzo Abe en diciembre de 2013. Las amenazas de su administración a la independencia de la prensa, los despidos de personal de los medios de comunicación en los últimos meses y un aumento creciente de la autocensura están poniendo en riesgo los estándares democráticos del país asiático. 
 
Entre los últimos acontecimientos de esta materia se encuentra la presión gubernamental al canal público NHK y a su presentadora Hiroko Kuniya, conductora del programa de reporterismo de investigación “Close Up Gendai”. Kuniya ha sido despedida el pasado mes, al parecer por su entrevista en 2014 al jefe de gabinete Yoshihide Suga.
 
También otros periodistas han visto terminados sus contratos, como Shigetada Kishii, de Mainichi News, tras criticar la Ley de Seguridad propuesta a finales de 2015, o Ichiro Furutachi, presentador del programa de TV Asahi, “Hodo Station”, conocido por sus críticas al Gobierno.
 
“El gobierno del Primer Ministro demuestra tener cada vez menos consideración por la libertad de prensa y el derecho a la información del público”, afirma Benjamin Ismaïl, responsable de la oficina de Asia de Reporteros Sin Fronteras. 
 
“Pedimos al relator especial de Naciones Unidas que plantee estos estemos al gobierno y examine la legislación laboral de los medios de comunicación en Japón, así como la Ley de Secretos de Estado y la Constitución, cuya revisión puede amenazar la libertad de prensa”, añade Ismaïl.
 
El Gobierno por su parte no ha ocultado su hostilidad hacia la cobertura crítica de sus asuntos. El 8 de febrero, la ministra de Comunicación Sanae Takaichi amenazó con cerrar dos canales si continuaban publicando “informaciones políticas sesgadas”.
 
Cuestionado por los periodistas al día siguiente, la ministra reiteró su amenaza citando el artículo 4 de la Ley de Radiodifusión que prohibe la distorsión de los hechos, así como el artículo 76 que permite al ministerio de Comunicación emitir órdenes de cierre sin orden judicial previa.