IRÁN | RSF pide a la comunidad internacional que incluya la defensa de los DDHH en sus negociaciones con Irán

08.02.2012 16:54

 

Reporteros Sin Fronteras, la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH) y la Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos, instan a la comunidad internacional a que, en el marco de las negociaciones con el régimen iraní, adopte con urgencia una postura mucho más firme en la defensa de los derechos humanos en el país gobernado por Ahmadineyad. "El respeto a los derechos fundamentales debe ser tan relevante como los debates políticos y científicos" advierten. 
 
Las tres organizaciones piden a la UE y la comunidad internacional que condene públicamente el trato inaceptable que reciben los periodistas e internautas encarcelados a manos de la Guarda Revolucionaria. Según Farsnews, una agencia de noticias iraní, el Tribunal Supremo habría confirmado la sentencia de muerte impuesta a Malekpour Saeed, especialista en informática, residente en Canadá. La agencia también publicó un comunicado del Centro de Vigilancia de la Delincuencia Organizada donde expresaba su "satisfacción" por la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se calcula que la ejecución de Malekpour sea inminente.
 
El Tribunal Supremo también ha confirmado recientemente las condenas a muerte a otros dos internautas, Vahid Asghari y Ahmadreza Hashempour. Y Abolghasem Salevati, jefe del Tribunal Revolucionario, ha condenado a muerte también a un cuarto internauta,  Mehdi Alizadeh, arrestado por segunda vez en marzo de 2011 por sus mensajes satíricos en la red. 
 
"La comunidad internacional debe interceder por estos cuatro inernautas directamente con las autoridades iraníes para pedir su abolición y liberación inmediata, así como la del resto de periodistas y blogueros encarcelados en el país" consideran las tres organizaciones de derechos humanos.  
 
Estos cuatro internautas son víctimas del Centro de Vigilancia de la Delincuencia Organizada, una entidad creada ilegalmente por los Guardianes de la Revolución, en 2008. En marzo de 2009, anunció el desmantelamiento de una red "malévola" de Internet y detuvo a los moderadores varios sitios web, cuyas fotos y "confesiones" fueron publicadas en el sitio web Gerdab. Bajo tortura, admitieron tener vínculos con webs críticas con el Islam y el gobierno iraní y haber intentado "engañar" a los jóvenes iraníes mediante la distribución de contenido pornográfico. También fueron obligados a confesar haber participado en un complot respaldado por Estados Unidos e Israel.
 
Muchos de ellos pasaron largos periodos en confinamiento solitario,más de un año en algunos casos. El tribunal que les condenó utilizó para hacerlo las confesiones obtenidas bajo tortura. Malekpour y Asghari describieron sus torturas a los jueces. Además, sus abogados no pudieron reunirse con ellos o tener acceso a los archivos de sus casos.
 
Las tres organizaciones de derechos humanos apoyan la petición de 39 presos políticos, periodistas e intelectuales, que el 25 de marzo exigieron la liberación de todos los presos de conciencia encarcelados en Irán, incluidos los líderes de las protestas contra la reelección del presidente Mahmoud Ahmadinejad.
 
Hussein Moussavi, ex primer ministro y titular del periódico cerrado Kalameh Sabaz, su esposa, la escritora e intelectual Rahnavard Zahra, y Mehdi Karoubi, ex presidente del Parlamento y propietario del diario también clausurado Etemad Melli, lleban bajo arresto domiciliario desde el 24 de febrero de 2011. La esposa de Karoubi, Fatemeh Karubi (editora de la revista Iran Dokhte), que también había sido detenida en febrero de 2011, fue puesta e libertad en septiembre. Musavi, Rahnavard y Mehdi Karoubi llevan casi un año privados de todos sus derechos. Hace meses que sus familiares no pueden visitarles y preocupa su estado de salud. 
 
 
La República Islámica debe poner fin a esta situación inaceptable. La detención arbitraria y el confinamiento en solitario de presos políticos viola el derecho internacional. Estas prácticas equivalen a una desaparición forzada y, sin embargo, lejos de ser excepcionales, son una práctica común de las autoridades iraníes.