INTERNET | Carta abierta de la Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal a los miembros del Arreglo de Wassenaar

02.12.2014 21:59

 

Como miembros de la Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal, (CAUSE, por sus siglas en inglés), Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, Digitale Gesellschaft, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch, el Open Technology Institute y Privacy International han dirigido una carta abierta a los estados miembros del Arreglo de Wassenaar, de cara a su próxima reunión plenaria, para pedirles que presten atención a la opinión de la sociedad civil en sus negociaciones sobre los bienes y tecnologías de doble uso.

 

Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, llamamos a los 41 gobiernos que componen el Arreglo de Wassenaar sobre control de Exportaciones de Armas Convencionales y bienes y tecnología de Doble Uso, para que tomen medidas y aborden la alarmante proliferación de tecnologías de vigilancia a disposición de los países represores implicados en la comisión de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Los resultados comerciales en la vigilancia ilegal, que a menudo conduce a otras violaciones de los derechos humanos -entre ellas la invasión de la privacidad, las detenciones arbitrarias, arrestos, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el silenciamiento de la libertad de expresión-, que impiden la participación política y aniquilan la disidencia dentro y fuera de la Red.

 

Las tecnologías de vigilancia no son simples herramientas inofensivas. En las manos equivocadas, a menudo se utilizan como herramientas de represión. La evidencia sigue revelando la magnitud de este comercio secreto que pone a innumerables personas en peligro frente a gobiernos que abusan de los derechos humanos. Cada vez surgen más historias que revelan cómo estas tecnologías perjudiciales –y a menudo ilegales- perjudican a activistas políticos, defensores de los derechos humanos, refugiados, disidentes y periodistas, con poblaciones enteras bajo vigilancia a través de algunas de estas tecnologías. Gobiernos con condenas internacional en materia de derechos humanos como Bahréin, Etiopía, Egipto, Turkmenistán, Libia, Siria e Irán han comprado tecnología de vigilancia de empresas privadas y las han utilizado para facilitar numerosas violaciones de los derechos humanos. Lo revelado en Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos, ha llevado a organizaciones no gubernamentales miembros de la Coalición contra las Exportaciones de Vigilancia Ilegal a pedir investigaciones policiales y judiciales. Sorprendentemente, ya pesar de la crecientes pruebas de dichos abusos, las empresas de tecnología de vigilancia aún comercializan abiertamente sus productos en ''ferias'' en el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.

 

A pesar de que en 2013 se tomaron medidas para hacer frente a este mercado global en gran parte no regulado, los gobiernos no pueden dejar pasar la ocasión. Los gobiernos ya han incluido las tecnologías relacionadas con el software de intrusión y la monitorización de direcciones IP en las listas de Armas Convencionales y bienes y tecnología de Doble Uso, y son conscientes del impacto que las tecnologías de vigilancia pueden tener sobre los derechos humanos. En la actualidad existe una necesidad urgente de modernizar de controles de fecha de exportación. Además, tecnologías tales como válvulas submarinas para cables de fibra óptica, centros de seguimiento, y tecnologías masivas de reconocimiento de voz y hablantes necesitan urgentemente ser examinadas por su impacto en los derechos humanos y la represión interna, sobre todo cuando el usuario final es un gobierno conocido por cometer violaciones de los derechos humanos. La tecnología evoluciona a un ritmo rápido y los gobiernos que abusan de los derechos humanos se aprovechan de una regulación débil, producto de una mala comprensión de las tecnologías y sus capacidades.

 

En el sistema actual, a los grupos de derechos humanos y de derechos digitales, así como expertos independientes, se les niega contribuir con su experiencia y conocimiento en el foro Arreglo de Wassenaar. La experiencia y el conocimiento que la sociedad civil puede aportar al debate adicional tiene un valor incalculable para este fin. Las discusiones en el foro no deben continuar de manera cerrada, e instamos a los gobiernos a comprometerse con las organizaciones civiles para ayudar a asegurar que se desarrollan controles precisos y eficaces, que reflejan los avances tecnológicos modernos y no obstaculicen la investigación científica y la seguridad legítima.

 

Cualquier política de exportación de tecnologías de vigilancia debe situar los derechos humanos en su epicentro. Los gobiernos deben ejercer una estricta política de contención y deben negarse a conceder licencias de exportación de tecnología de vigilancia destinada a los usuarios finales en los países donde son susceptibles de ser utilizados de manera ilegal, es decir, no cumplen con las normas legales de derechos humanos. Los gobiernos deberían considerar la debilidad o ausencia de un marco jurídico adecuado en el país receptor para asegurar que la transferencia no planteará un riesgo sustancial de que los elementos se utilicen para violar los derechos humanos ni abusar de ellos. Los gobiernos también deben ser transparentes en lo que exportan, y a quién lo hacen, y apoyar el desarrollo de un marco jurídico internacional para hacer frente a la venta y comercialización de tecnologías de vigilancia.

 

  • Amnistía Internacional
  • Digitale Gesellschaft
  • FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)
  • Human Rights Watch
  • Open Technology Institute (at New America)
  • Privacy International
  • Reporteros Sin Fronteras