HONDURAS | RSF condena el acoso judicial que sufren los periodistas y comunicadores sociales

22.07.2014 22:07

 

 

Reporteros Sin Fronteras denuncia el acoso judicial del que son víctimas 36 miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acusados de sedición; entre ellos se encuentran la periodista de Radio Progreso, Albertina Manueles Peréz, así como varios corresponsales de radios comunitarias que dependen del Copinh, en particular de radio Puca Opalaca.

 

En una audiencia celebrada el 24 de junio de 2014, el Juzgado Primero de Letras de lo Penal de Intibucá impuso medidas sustitutivas a 36 miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). El fiscal presentó los supuestos cargos de “sedición en contra de la seguridad interior del Estado” y “usurpación de funciones”. Los numerosos comunicadores sociales que se encuentran entre los acusados afrontan un proceso legal por haber dado la palabra a los pobladores de San Francisco de Opalaca (en su mayoría indígenas), quienes se niegan a reconocer a José Socorro Sánchez como alcalde, porque, según ellos, fue elegido de forma fraudulenta. Se programó una audiencia para este 22 de julio.

 

“El acoso judicial que padecen los comunicadores sociales y las organizaciones de la sociedad civil denota la intención que tienen las autoridades de controlar la palabra”, señaló Camille Soulier, responsable para América de Reporteros Sin Fronteras. “Recordamos que entre los inculpados hay algunas personas que gozan de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reporteros Sin Fronteras exige que se retiren todos los cargos presentados contra estas personas”, añadió.

 

Este proceso se desarrolla en medio un clima muy tenso para el derecho a la información en Honduras. En víspera de esta audiencia, el 21 de julio de 2014, hallaron muerto en el departamento vecino de Yoro a un periodista de San Pedro Sula que llevaba desaparecido casi 48 horas. Herlyn Espinal colaboraba con el noticiero “Hoy Mismo”, del canal Corporación Televicentro. El Ministro de Seguridad, Arturo Corrales, se apresuró a descartar que este crimen estuviera relacionado con su profesión de periodista. Una deplorable costumbre de las autoridades. De los 37 casos de periodistas asesinados desde el golpe de Estado de 2009, la gran mayoría permanece en una impunidad total, según el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

 

“Reporteros Sin Fronteras exhorta a las autoridades a esclarecer este crimen”, agregó Camille Soulier. “Debe realizarse lo antes posible una investigación seria e independiente sobre el asesinato de Herlyn Espinal, así como de todos los otros casos de colaboradores de los medios de comunicación asesinados en Honduras. La peligrosa tendencia a refutar de entrada que el crimen estuvo relacionado con la actividad profesional aumenta la posibilidad de incitar las voces críticas al silencio y la de dar a eventuales responsables intelectuales la esperanza de quedar impunes”.

 

Además de poner en riesgo sus vidas en nombre del derecho a la información, los periodistas y comunicadores sociales temen ser sancionados por haber tratado temas delicados como los conflictos agrarios o los derechos de los pueblos indígenas, por lo que muchos de ellos terminan recurriendo a la autocensura.

 

Los medios de comunicación comunitarios –que frecuentemente están vinculados a movimientos sociales y por esto se hacen eco de los abusos– se ven muy afectados por la represión. La proporción de frecuencias audiovisuales concedidas a medios de comunicación comunitarios está muy lejos de la recomendada por Reporteros Sin Fronteras y la CIDH, entre otras organizaciones: el 33% del total.

 

Así, algunas radios se ven obligadas a transmitir a través de frecuencias consideradas ilegales. Incluso cuando cuentan con el derecho de transmitir corren el riesgo de sufrir represalias. En junio pasado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) presentó una denuncia contra la radio Voz de Puca. El motivo fue que se consideró que un programa conducido por el periodista Juan Martínez no cumplía con las disposiciones del organismo de regulación de los medios de comunicación.

 

La injerencia sistemática del gobierno en la selección y el tratamiento de la información también afecta a los defensores de los derechos humanos, como la estadounidense Annie Bird, quien por haber denunciado atropellos a los derechos humanos actualmente es víctima de una campaña de descrédito por parte de autoridades militares.

 

Honduras se encuentra en el lugar 129, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual.

      

  

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