ESPAÑA | RSF se declara "muy preocupada" por la "ley Fernandez" que atenta gravemente contra la libertad de información y puede conducir a la censura

29.11.2013 21:28
  • La nueva redacción del proyecto de ley de seguridad ciudadana rebaja las multas por captar y difundir imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad pero conserva la voluntad censora del primer texto


El Consejo de Ministros aprobó hoy el anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que contiene una serie de disposiciones, ya denunciadas por Reporteros Sin Fronteras, en octubre de 2012, que atentan gravemente contra la libertad de información y pueden conducir a la censura. En concreto, el anteproyecto prevé que la "captación o difusión de imágenes que atenten contra del honor, la imagen o la seguridad de los miembros de las fuerzas del orden" podrán ser penalizadas con multas de hasta 1.000 euros.

Aunque la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado ha corregido, tras la avalancha de críticas jurídicas y ciudadanas suscitadas, ciertas disposiciones previstas en el anteproyecto, rebajando de muy graves a leves las sanciones por captar y difundir imágenes de agentes de fuerzas de seguridad, con multas de entre 100 y 1.000 euros, la nueva redacción de la llamada “ley Fernández”, por el nombre del ministro del Interior, conserva en esencia la voluntad censora del primer texto.

Reporteros Sin Fronteras se declara “muy preocupada” por la futura entrada en vigor de una norma que atenta gravemente contra la libertad de información, uno de los bienes principales de una democracia consolidada como la española, y espera que su controvertido contenido sea modificado a su paso por el Congreso. "El Ministerio del Interior español parece tener la intención de sumarse a los gobiernos que se amparan en la defensa de la "seguridad pública" para aprobar todo tipo de leyes liberticidas", lamentó la organización al filtrarse el borrador a los medios el 21 de noviembre pasado.  

Pese a que el Gobierno aseguró esta semana que la futura ley no afectará a la libertad de prensa en España, Reporteros Sin Fronteras mantiene que hará falta comprobar cómo se aplica la norma en el libre ejercicio de la información de profesionales y ciudadanos. La organización de defensa de la libertad de información recuerda que periodistas y fotoperiodistas enfrentan a diario numerosas dificultades para informar de manifestaciones y protestas en España. RSF ya denunció recientemente las restricciones a la labor informativa en este tipo de acontecimientos con la publicación del informe Periodistas y fotoperiodistas, en el punto de mira de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y protestas, al tiempo que subrayaba la importancia del trabajo de los periodistas a la hora de denunciar los abusos policiales, reconocida por el Premio Ortega y Gasset de Periodismo.

 "¿En qué democracia que se precie se concibe que la prensa no pueda cubrir las operaciones policiales cuando se producen en el espacio público?", se preguntaba entonces la organización, que cuestionaba también cómo podrán los periodistas cubrir eficazmente, no sólo las manifestaciones sino todas las actividades relacionadas con la policía, si pesa sobre su trabajo un marco jurídico que les expone a procesos judiciales y multas por atentados contra un concepto tan impreciso como el derecho a la imagen o al honor de un policía.

RSF reitera nuevamente que  “las manifestaciones existen antes de que los periodistas informen sobre ellas. Su trabajo consiste en tomar fotos, grabar vídeos y escribir artículos sobre lo sucedido, es su misión como informadores y resulta fundamental para el funcionamiento de la democracia". "En lugar de tratar de silenciar a los periodistas y a los ciudadanos, el gobierno español debería reconsiderar la forma de actuar de las fuerzas del orden, culpables en los últimos años de agresiones contra manifestantes y periodistas”, añade la organización, que recuerda al ministro del Interior que los periodistas no son “violentos y radicales”, los únicos que, según afirma, deben de estar preocupados ante la nueva normativa, sino que únicamente cumplen con su obligación.

      

  

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