ESPAÑA | RSF reitera su rechazo a la ‘Ley Mordaza’ tras las multas impuestas a los periodistas Axier López y Raúl Capín

11.04.2016 19:39

 

  • Axier López, de la revista ‘Argia’, sancionado por publicar en Twitter la foto de una detención
  • Multa de 1.260 euros a Raúl Capín por obstaculizar la labor policial

 

Reporteros Sin Fronteras reitera, una vez más, su enérgico rechazo a los efectos que la Ley de Seguridad Ciudadana tiene en el libre ejercicio de la profesión de los periodistas, y reporteros gráficos. A menos de un año desde su aprobación, la ‘Ley Mordaza’ comienza a aplicarse con severidad y a coartar a los informadores, tanto en el ejercicio de su trabajo en la calle, como en  la posibilidad de autocensurarse por temor a ser objeto de detenciones y/o sanciones.

A  lo largo de los últimos días, la ‘Ley Mordaza’ ha caído, por primera vez, sobre dos informadores españoles. Axier López, periodista de la revista  vasca Argia, ha sido multado con 601 euros por subir a su cuenta de Twitter una imagen de una actuación policial.

 

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de marzo en Eibar (Guipúzcoa), cuando la activista Naroa Ariznabarreta fue detenida, tras no acudir a la vista judicial a la que estaba citada por participar en un corte de autopista, en protesta por la ilegalización de la organización Segi, en el año 2007.

 

Tras compartir las fotos de la detención en su cuenta de Twitter, Axier López recibió de la Delegación del Gobierno en Guipúzcoa la notificación de la sanción, en la que se le acusa de subir la fotografía a la red social “sin autorización”.

 

La aplicación de la ley se fundamenta en la posibilidad “de identificar a los agentes actuantes, con el riesgo que para los funcionarios puede derivar de su identificación pública”. La revista Argia ha comunicado su intención de no hacer frente a la sanción.

 

A la multa impuesta a Axier López, se une la sentencia judicial que obliga al fotorreportero Raúl Capín (colaborador de Diario Obrero y Diario Independiente Digital) al pago de 1.260 euros de multa por “obstaculizar la labor policial” y ofrecer “resistencia”, mientras cubría la “Marea Ciudadana”, el 23 de febrero de 2013.

 

Si bien la fiscalía solicitaba dos años de cárcel por un presunto delito de atentado a la autoridad, la magistrada solo considera probada la obstaculización por agresión y la resistencia de Capín a la labor de un agente de paisano, que junto a otros compañeros sin uniformar, trataba de reducir a un grupo de manifestantes que arrojaba piedras. El corrillo de fotógrafos que se formó para capturar el momento terminó con empujones entre policías y reporteros.

 

A Raúl Capín no se le identificó, ni detuvo en el momento del altercado. Tres meses después, varios agentes de policía encapuchados se personaron en su domicilio, le detuvieron y retuvieron en comisaría 30 horas, hasta que fue puesto en libertad. El juicio, que iba a celebrarse el pasado 19 de enero, tuvo que ser aplazado por falta de claridad en las pruebas aportadas por la acusación y se celebró finalmente el 23 de febrero. Capín, que confiaba en su absolución, recurrirá el fallo.

 

“Desde que el Gobierno anunció la redacción de la ‘Ley Mordaza’, hasta su aprobación final, no hemos dejado de denunciar su carácter coercitivo y represivo sobre el ejercicio de la profesión periodística. Empezamos a ver qué consecuencias prácticas tiene su aplicación y reiteramos nuestro más profundo rechazo; un rechazo en el que coinciden los partidos políticos en la oposición, todas las asociaciones de periodistas de España y numerosas organizaciones políticas, profesionales y de derechos humanos internacionales”, afirma Malén Aznárez, presidenta de Reporteros Sin Fronteras España.  

 

La semana pasada, el Congreso aprobó una proposición no de ley solicitando la derogación de la Ley Mordaza, con el único voto en contra del Partido Popular. La normativa ya ha sido denunciada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por varios medios y juristas españoles, que destacan todas las cortapisas impuestas por la ley al libre ejercicio de la información, especialmente las relacionadas con la prohibición de tomar y/o difundir fotografías de acciones policiales y las faltas de respeto y resistencia a la autoridad.

 

Desde su aprobación, en julio de 2015, hasta finales del pasado enero, el Ministerio de Interior reconoce haber tramitado cerca de 40.000 denuncias amparadas por la “Ley Mordaza”, de las cuales más de 6.000 tienen relación con “faltas de respeto a la autoridad”. Esta cifra supone una media de casi 30 denuncias diarias, solo superadas por el consumo y tenencia de drogas. Abogados, activistas, ciudadanos de a pie y otros colectivos han sido ya sancionados con multas, -que según la ley puede ir de 100 hasta 600.000 euros, dependiendo de la gravedad- por acciones tan diversas como tratar de bloquear un desahucio, fotografiar un coche de las fuerzas del orden o quejarse de la actuación de la policía local en una red social.

 

“Hasta ahora, los periodistas no habían sido víctimas de sanciones por una ley que tiene a la libertad de información en su punto de mira y bordea la inconstitucionalidad. Multar a periodistas por tomar y/o difundir fotos y grabaciones de policías, en el ejercicio de su trabajo, no sólo vulnera el derecho a informar, sino que invita claramente a fotógrafos y vídeorreporteros a autocensurarse en sus funciones”, añade Malén Aznárez.

 

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado repetidamente la amenaza que constituye la ‘Ley Mordaza’ para el periodismo en España y considera que su entrada en vigor responde claramente a una voluntad de limitar el auge de protestas, manifestaciones y movimientos cívicos que han tenido lugar en España durante los últimos años, así como a quien informe libremente de su desarrollo. 

 

      

  

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