ESPAÑA | ¿Obligará la Agencia de Protección de Datos a censurar Internet?

26.02.2013 11:18


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudiará una demanda de la Audiencia Nacional española sobre la interpretación de la legislación europea en materia de protección de datos en Internet, en  un contencioso entre Google y un ciudadano español. La interpretación del Tribunal Europeo afectará al resto de los tribunales de los países comunitarios, en cuestiones de protección de la vida privada y de  libertad de expresión en el cuadro del llamado “derecho al olvido”.

El ciudadano español Mario Costeja, presentó una queja ante la Agencia Española de Protección de Datos contra Google y el periódico La Vanguardia, el 9 de marzo de 2012, tras descubrir que la búsqueda en Google de su nombre producía una serie de informaciones referentes a unas acciones legales contra él por impago de las contribuciones a la seguridad social.
La Agencia Española de Protección de Datos rechazó la reclamación de Costeja contra el periódico por considerar que la publicación "era legal y estaba protegida por el derecho a la información". Pero, en una rara incoherencia,  estimó su queja contra Google y le ordenó eliminar de su motor de búsqueda alrededor de 100 links con el nombre de Costeja. 
Google no acató las órdenes de la Agencia Española de Protección de Datos, en un caso que se suma a un total de 200 que la empresa tiene en los tribunales españoles.

Reporteros Sin Fronteras pide a la Corte, que rechace la decisión de la Agencia Española de Protección de Datos  que podría sentar un peligroso precedente. "La Agencia quiere forzar a Google a hacer algo que la ley prohíbe hacer  en el caso de los medios de comunicación tradicionales. Está en juego el concepto de responsabilidad y neutralidad de los buscadores, los proveedores de los servicios de Internet y otros intermediarios técnicos que no pueden ser llevados ante la justicia por los contenidos de la red. Sólo son los intermediarios, proveedores de servicios, de los que de verdad publican contenidos en Internet. Los vínculos que se generan en una búsqueda de Google son una parte integral del derecho a la Información, ya que facilitan su acceso", considera RSF.

"La práctica de acosar a las imprentas para impedir las publicaciones de los periódicos es ya conocida, y todavía de aplicación en ciertos países. Si Google se viera forzado a retirar esos links, añadiría una dimensión digital a este tipo de prácticas. Su emergencia en España sería un desastre para el modelo europeo y daría argumentos a regímenes en otras partes del mundo que controlan la información en Internet", advierte la organización.
 

      

  

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