ECUADOR | Consulta del 7 de mayo: “el clima entre la prensa y el poder suscita temores justificados”

10.05.2011 09:04

 

El 7 de mayo de 2011 los ciudadanos ecuatorianos serán consultados sobre temas tan diversos como la lucha contra la corrupción, el funcionamiento de la justicia, el maltrato de los animales y los juegos de azar. Asimismo, tendrán que responder a dos preguntas relativas a los medios de comunicación. Sin negar el interés de las preguntas formuladas ni el legítimo debate que suscitan, Reporteros sin Fronteras comprende los temores que éstas generan entre el gremio.

 

La primera cuestión, incluida en un grupo de cinco preguntas orientadas a realizar una enmienda constitucional, precisa: “Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional […]?”

 

La segunda cuestión, parte de otro grupo de cinco preguntas relativas a la ley ordinaria, señala lo siguiente: “Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, la radio y las publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?”

 

El documento de las propuestas suscita inquietudes justificadas. En lo que concierne a la primera cuestión, es cierto, las empresas de comunicación que pertenecen a grupos financieros e industriales están expuestas por naturaleza a conflictos de intereses. Esta dependencia económica tiene un gran peso en ciertos contenidos editoriales, lo que genera presiones y autocensura. Es deseable limitarla, incluso suprimirla, a condición de que el Estado ofrezca a la prensa una ayuda equilibrada y proporcional al costo de funcionamiento de cada medio de comunicación. ¿El contribuyente ecuatoriano sostendría este gasto? La nueva cláusula no dice nada sobre esta contraparte decisiva. Por otra parte, el texto sólo se refiere a la prensa privada, mientras que los conflictos de intereses pueden afectar de la misma manera a los medios de comunicación públicos.

 

La segunda cuestión quizá tendría más éxito si fuera más precisa. ¿A qué se refiere realmente?, ¿a evitar los excesos de los medios de comunicación?, ¿a que se adopte una ley de comunicación?, ¿a que se cree un consejo de regulación habilitado para sancionar los contenidos?, ¿cómo?

 

Reporteros sin Fronteras dedicó una misión a la Ley de Comunicación, hoy bloqueada, cuando todavía se debatía, en 2010. Entonces, subrayamos sus aspectos positivos, como la promoción de un verdadero espacio audiovisual plural, cuidando que se dé el mismo sitio a los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, bajo el modelo de la Ley SCA en Argentina. Por el contrario, teníamos muchas reservas respecto al establecimiento, previsto por la misma ley, de un consejo de comunicación y de información encargado de aplicar dicha ley y de ejercer un conjunto de sanciones en ocasiones bastante discutibles. La credibilidad de un consejo como éste depende de su composición, que entonces ya era objeto de numerosas críticas. Sin embargo, un acuerdo establecido entre todos los partidos representados en la Asamblea Nacional excluyó que ese consejo pudiera censurar o cerrar un medio de comunicación. Habíamos celebrado ese compromiso. Ahora, ¿éste se mantendría si se crea un nuevo consejo facultado para regular también la prensa escrita?, ¿para qué contenidos?

 

La Ley de Comunicación también planteaba problemas por su intención de promover una “información verídica, oportuna y contextualizada”. La calidad de la información no se decreta por ley y encontramos el mismo defecto en la presente propuesta. Castigar contenidos racistas, discriminatorios o que abiertamente llamen a la violencia es algo que aprobamos. Ahora, los “excesos de los medios de comunicación” que se trata de impedir, ¿se limitan a esos contenidos? Existe una gran ambigüedad en la formulación.

 

La consulta popular de este sábado no suscitaría la misma controversia si no existiera el deplorable ambiente generado por el enfrentamiento entre la presidencia y una parte de la prensa. Cierto, la prensa es en parte responsable –lo hemos señalado–, pero esto no justifica la manera en que han respondido el presidente Rafael Correa y su administración. Demandas con indemnizaciones exorbitantes, abuso de los mensajes en cadena nacional para atacar a los opositores, atribución o traspaso aleatorio de las frecuencias por parte la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), alientan los excesos y refuerzan una polarización que el país no necesita.

 

Más grave, hoy en día un periodista se encuentra encarcelado por haber cuestionado al aire, en la estación de radio Iris, la gestión del alcalde de Esmeraldas. Walter Vite Benítez fue condenado a un año de prisión por “injurias” y se encuentra tras las rejas desde el 27 de abril pasado. Contraria a la tendencia general en América Latina y a los estándares jurídicos interamericanos, la penalización de los delitos de opinión sigue vigente en Ecuador. Esta condena por una demanda presentada tres años atrás no sirve de nada, sólo fomenta la autocensura.

 

Sin prejuzgar la respuesta soberana del pueblo ecuatoriano a la consulta popular del sábado, Reporteros sin Fronteras quiere creer en una nueva situación entre la población, los medios de comunicación y el gobierno. Este reto no excluye la adopción de una ley, pero exige garantías importantes:

 

  • la despenalización de los delitos de prensa (independientemente de contenidos en realidad peligrosos, de carácter pedófilo o que inciten de manera explícita a la violencia, el racismo o la discriminación);
  • la restricción de las cadenas, en su contenido y duración;
  • la atribución justa y proporcional de la pauta publicitaria oficial, fuera de todo criterio que no sea el económico;
  • la reestructuración del registro de frecuencias audiovisuales y de las instituciones encargadas de su regulación o concesión;
  • el mantenimiento del compromiso parlamentario de diciembre de 2009, que prohíbe la confiscación o la censura directa de un medio de comunicación por parte de la autoridad administrativa.

      

  

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