COLOMBIA | RSF pide más medidas de protección para los periodistas Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila

13.06.2013 12:40

Reporteros Sin Fronteras pide que se refuercen las medidas de protección otorgadas a los periodistas Gonzalo Guillén, León Valencia y Ariel Ávila. El Gobierno colombiano reveló a mediados del mes pasado la existencia de un plan para asesinarles y tuvieron finalmente que optar por un exilio temporal, pese a la protección oficial que les ofrece su país. RSF pide también que se investigue de forma judicial la conspiración criminal de la que son víctimas.

Algunas de las fuentes de estos periodistas han llegado a ser asesinadas en La Guajira, localidad objeto su investigación. Guillén, Valencia y Ávila han denunciado los nexos entre el Gobernador, el narcotráfico y las denominadas "Bacrim" (bandas criminales nacidas del movimiento paramilitar).

Dos de ellos han hablado con Reporteros Sin Fronteras sobre el difícil compromiso entre el deber de informar y las ineludibles medidas de seguridad necesarias. Según uno de ellos, un cuarto colega, Tadeo Martínez, del semanario Semana, también está en el punto de mira.

“El plan de asesinado del que somos víctimas proviene de las Bacrim, lideradas por el narcotraficante venezolano Marcos Figueroa, que tiene a su vez una estrecha relación con el Goernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez”, explica Valencia, columnista de Semana y director de un programa de análisis de la cadena pública Canal Capital. León Valencia y Ariel Ávila publicaron un informe sobre las peligrosas relaciones de “Kiko” Gómez, cuya campaña electoral recibió supuestamente apoyo directo de las Bacrim y de grupos armados, al igual que las de otros 126 políticos.

“Comencé mi investigación sobre ‘Kiko’ Gómez en febrero de 2013, tras saber del asesinato de Yandra Britto, exalcaldesa de Barrancas, ocurrido hacía varios meses en el departamento. Ella me había contactado para denunciar el asesinato de su marido, que, según me dijo, había sido ordenado por el Gobernador. Britto aseguraba que el Gobernador la había amenazado de muerte personalmente. Pese a que, como le aconsejé, presentó una denuncia penal, esta mujer nunca gozó de protección y fue asesinada en agosto de 2012”, cuenta Gonzalo Guillén, corresponsal del diario estadounidense Miami Herald.

Toda esta información fue difundida en un artículo del semanario Semana, días antes de que el Gobierno colombiano revelara la existencia de un plan de asesinato para acabar con la vida de los tres periodistas. Al parecer, el artículo de Semana precipitó el intento asesinato.

“Mis propias fuentes me habían advertido sobre este plan. Ellas también se encuentran en gran peligro”, explica alarmado Gonzalo Guillén. “Hace algunos días di a conocer a la policía el lugar en el que se encontraban los jefes de uno de los escuadrones de la muerte más peligrosos de La Guajira. La persona que me dio esta información fue asesinada poco después. También supe que mataron a balazos al hermano de una de mis escoltas. Finalmente, otras fuentes me han informado que la banda de Marcos Figueroa secuestró a dos turistas españoles, también en La Guajira, de los que sospechaba que hubiesen colaborado conmigo”.

Reporteros Sin Fronteras ha recibido una copia del informe enviado por Gonzalo Guillén a la Fiscalía General de la República sobre la situación en La Guajira, justo antes de que se diera a conocer el plan de asesinato urdido contra él y sus colegas. La organización se pregunta si este documento contribuyo a exponer más al periodista y recuerda con recelo las prácticas de espionaje del caso DASgate, que puso de manifiesto la infiltración de criminales en los servicios de Inteligencia y el Gobierno colombiano.

“Los esfuerzos de protección no servirán de nada si no existe un dispositivo de lucha contra la impunidad a la altura de la situación actual", advierte RSF. La organización recuerda que en los últimos tiempos se han multiplicado las las amenazas, los ataques y los atentados contra periodistas, y también contra defensores de los derechos humanos, representantes sindicales y activistas de las comunidades.

 

      

  

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