Los periodistas de las radios Violeta Stéreo y La voz de Yopal desconectaron sus micrófonos el miércoles 28 de julio y se reunieron, con la boca amordazada, en la plaza central de la ciudad de Yopal, capital del departamento de Casanare, al noreste de Colombia, para hacer un llamiento al respeto de la libertad de información.
La acción fue organizada para expresar su solidaridad con ocho de sus colegas, que trabajan en Violeta Stéreo y La voz de Yopal, quienes actualmente enfrentan acusaciones por “injuria y calumnia”. El gobernador del departamento de Casanare, Raúl Flórez, interpuso una demanda contra César Colmenares, Martha Isabel Cifuentes, Martha Cabezas, Iván Vargas, Amparo Acuña, de la emisión ‘‘Contacto Noticias”, transmitida por la radiodifusora Violeta Stéreo, así como contra Rubén Darío Venegas, Jorge Luis Ospina y Javier Gaviria, del programa ‘‘La Voz de Casanare”, de la radio La voz de Yopal, por supuestas declaraciones difamatorias realizadas entre febrero y abril de 2010.
Los periodistas divulgaron que Raúl Flórez se encontraba bajo la investigación de la Procuraduría General de la Nación por supuestas irregularidades. También revelaron el incumplimiento de su plan de desarrollo departamental (que éste se había efectuado sólo de forma parcial). Raúl Flórez demandó a los ocho periodistas argumentando que estas informaciones eran falsas.
La protesta del miércoles 28 de julio es ‘‘un gesto que expresa nuestra indignación por la demanda interpuesta por el gobernador”, declararon periodistas que participaron en la manifestación. Ellos consideran que las diferentes demandas interpuestas por Raúl Flórez contravienen los principios del derecho a la información y a la opinión pública establecidos en la Constitución colombiana. ‘‘Éstas demuestran un uso arbitrario de su poder, coercitivo, y tienen el objetivo de amordazar a los medios de comunicación y ocultar las disfunciones de su gestión en el departamento de Casanare”.
Reporteros sin Fronteras solicita al gobernador Raúl Iván Flórez Chávez que retire su demanda contra los ocho periodistas por “injuria y calumnia” y lo invita a seguir un proceso legal para solicitar una “rectificación” si considera las declaraciones difamatorias o a utilizar su derecho de réplica.
Los periodistas afectados nos señalaron que en varias ocasiones propusieron al gobernador ofrecer explicaciones, pero que en ningún momento este se había tomado la molestia de responderles. Agregaron que poseen diferentes tipos de documentos que comprueban sus declaraciones y que irán hasta el final en el proceso.
La clasificación penal de los delitos de injuria y de calumnia, actualmente en vigor en Colombia, va en contra del principio de la libertad de expresión reconocido por el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También contradice el principio número 10 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que dispone: “La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública”.
