Reporteros sin Fronteras (RSF) denuncia con firmeza los intentos de intimidar a periodistas de Gazeta do Povo por parte de los jueces, después de que este diario publicara un reportaje en el que se señalaban los elevados salarios de magistrados del Estado de Paraná, que incluso excedían lo estipulado por la ley.
En febrero de 2016, el diario brasileño Gazeta do Povo publicó una serie de reportajes sobre los excesivos salarios y beneficios de los que gozan los magistrados en el estado de Paraná, relanzando el debate sobre los límites de la remuneración de los funcionarios en el país. Uno de estos reportajes revelaba que el salario medio de los jueces y empleados del Ministerio Público de Paraná en 2015 sobrepasaba en más de 20% el tope establecido por la ley.
Poco después de estas revelaciones, 35 magistrados y dos procuradores de Paraná, visiblemente ofendidos por el reportaje, presentaron 37 demandas por difamación contra los periodistas Chico Marés, Euclides Lucas Garcia y Rogério Galindo, así como contra el operador técnico Evandro y el infografista Guilherme Storck.
Como los cinco profesionales acusados tienen la obligación de comparecer desde las primeras audiencias, han debido recorrer (hasta ahora) más de 6.000 kilómetros a lo largo de 15 municipios del estado. La suma de la indemnización que les piden los demandantes asciende a 1,4 millones de reales (más de 350.000 euros).
Todo hace pensar que se trata de una acción concertada entre los magistrados de Paraná. Según el director de la Gazeta do Povo, Leonardo Mendes, el texto de todas las demandas es casi idéntico. En un archivo de audio dado a conocer al día siguiente de la publicación del reportaje, se puede oír al Presidente de la Asociación de Magistrados de Paraná, Frederico Mendes, confirmar que la asociación proporcionaría un modelo de demanda para que los jueces pudieran coordinar su acción.
“Reporteros Sin Fronteras condena con firmeza esta maniobra y estas represalias concertadas por los magistrados de Paraná para intimidar a la prensa”, señaló Emmanuel Colombié, responsable de la oficina de América Latina de Reporteros sin Fronteras. “El proceso judicial emprendido por los jueces que se sienten difamados parece un instrumento de persecución y censura. Asimismo, constituye claramente un ataque a la libertad de información”, añadió.
Gazeta do Povo asegura que no hubo ningún error en la investigación y que todos los datos empleados provienen de sitios del Ministerio Público y del Tribunal de Justicia. En un editorial, el diario lamentaba que los “datos en cuestión hayan podido causar tanta vergüenza” y dio a los magistrados el derecho de réplica. Pese a ello, los procesos siguen en curso. El diario presentó un recurso legal ante la Suprema Corte (STF) y pidió que las demandas se reubicaran fuera de Paraná. Su solicitud fue denegada.
Brasil ocupa el puesto 104, de 180 países, en la Clasificación Mundial 2016 de la Libertad de Prensa que establece Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.
